En el Perú, el silencio administrativo se entiende mejor si lo conectamos con dos ideas: (i) el ciudadano tiene derecho a pedir y a recibir una respuesta razonable y (ii) la Administración tiene deberes de tramitar, decidir y motivar. Cuando la entidad no responde dentro de un plazo, el ordenamiento no deja al administrado en un limbo: crea una consecuencia jurídica para “cerrar” el procedimiento o habilitar la impugnación.

Desde una mirada constitucional, el derecho de petición es un punto de partida: el ciudadano no solo puede presentar solicitudes; también puede exigir que la entidad tramite y se pronuncie. A nivel legal, la Ley N.° 27444 (2001) organiza el procedimiento administrativo y desarrolla instituciones vinculadas a plazos, notificaciones, motivación y efectos de la inacción. En muchos trámites, además, existe normativa especial y un TUPA que fija requisitos y plazos concretos.

¿Por qué importa esto en defensa administrativa? Porque muchos conflictos se “ganan” o se “pierden” por aspectos formales: cómputo de plazos, notificación válida, identificación del órgano competente, evidencia de presentación y trazabilidad. El silencio administrativo, bien gestionado, puede ser una herramienta de tutela; mal usado, puede exponerte a nulidades, observaciones o a un eventual control posterior que deje sin efecto la ventaja aparente.

Definiciones operativas (para no confundir conceptos)

Para trabajar con claridad, usemos definiciones simples (sin sacrificar rigor):

• Silencio administrativo: consecuencia jurídica por falta de respuesta dentro del plazo legal.
• Silencio administrativo negativo (SAN): presunción de denegatoria para habilitar impugnación o acciones posteriores.
• Silencio administrativo positivo (SAP): presunción de estimación cuando la norma lo prevé y se cumplen condiciones.
• Pronunciamiento expreso: respuesta formal (resolución, oficio u otra decisión) emitida conforme a reglas de competencia, procedimiento y motivación.
• Trazabilidad del trámite: conjunto de evidencias que permiten reconstruir qué se presentó, cuándo, ante quién y qué se notificó.

La distinción entre silencio positivo y silencio negativo no es solo teórica: define el tipo de prueba que necesitas, el momento para actuar y los riesgos. El SAN suele ser la regla de cierre para que el administrado pueda impugnar sin esperar indefinidamente. El SAP, en cambio, pretende incentivar eficiencia administrativa, pero suele estar sujeto a límites para evitar que la falta de respuesta cree “derechos inexistentes”.

En términos prácticos, el SAN funciona como una puerta: te permite pasar a la siguiente etapa (recurso, revisión, contencioso) porque el ordenamiento presume que la entidad no te dio la razón. El SAP funciona como un “resultado presunto”: te coloca, al menos inicialmente, en una posición favorable, pero exige más cautela, porque puede haber control posterior o controversias con terceros.

Límites típicos del silencio positivo (por seguridad jurídica)

Aun cuando un procedimiento admita SAP, el uso responsable exige evaluar si la decisión “tácita” podría impactar a terceros o contradecir una prohibición legal. En términos de buena administración, hay escenarios donde el SAP se vuelve polémico: permisos con impacto ambiental, autorizaciones que afectan propiedad ajena, concesiones o licencias que requieren controles previos. En estos supuestos, la recomendación prudente es: no asumir que el silencio “creó” el derecho sin contrastar con norma especial.

Si tu caso tiene riesgo de terceros, el estándar de diligencia debe ser mayor: revisa si se exige inspección, opinión técnica, publicación, participación o verificación. En caso de duda, trata el SAP como una hipótesis y busca un pronunciamiento expreso o una constancia administrativa que reduzca controversias.

En procedimientos administrativos, el silencio no se “siente”: se prueba. El primer paso es identificar el plazo aplicable (por LPAG, norma especial o TUPA) y luego demostrar que transcurrió sin pronunciamiento válido. En la práctica, el debate suele girar alrededor de tres puntos: (i) cuándo empezó el plazo, (ii) si se suspendió o se reinició por subsanaciones u actuaciones y (iii) si existió notificación válida.

Por eso, el expediente debe construirse con mentalidad probatoria. No basta con decir “presenté y no respondieron”: necesitas constancias, cargos, números de expediente, pantallazos de seguimiento, correos de mesa de partes, y, cuando exista, la constancia de notificación o la ausencia de ella. Si la entidad usa plataforma virtual, conserva evidencia del estado del trámite y de cualquier requerimiento.

Cómo armar un “cuadro de cómputo” simple (y defendible)

Un cuadro de cómputo es una pieza práctica para sustentar tu posición. No requiere tecnicismos excesivos: basta que sea claro, verificable y trazable. Incluye columnas como: fecha de presentación, fecha de inicio de cómputo, plazo aplicable, actuaciones que suspenden (si corresponde), fecha de vencimiento y “estado” (sin respuesta, con respuesta, observado, etc.). Si el caso es complejo, añade una columna de “fuente” (p. ej., cargo, notificación, capturas).

Si vas a invocar SAP, tu cuadro debe ser especialmente conservador: considera escenarios de suspensión razonables y explica por qué no aplican. En SAN, el cuadro sirve para justificar que impugnas dentro de plazo. En ambos, la transparencia es clave: si hubo una subsanación, inclúyela; si hubo una notificación, consérvala y evalúa si fue válida.

Una guía útil no se queda en definiciones: te dice qué hacer. Frente a la inacción, la ruta recomendada suele tener cuatro momentos: (1) seguimiento y documentación, (2) requerimiento de pronunciamiento o impulso, (3) activación de recursos (si corresponde) y (4) evaluación de control posterior o judicial. El orden puede variar según el trámite, pero la lógica se mantiene: primero evidencia, luego acción con sustento.

1) Seguimiento activo (sin hostigar, pero sin abandonar)

El seguimiento debe ser periódico y “auditable”. Si la entidad ofrece tracking, captura el estado del expediente en momentos clave (presentación, vencimiento, post-vencimiento). Si hay mesa de partes virtual, conserva correos de confirmación. Si el trámite es presencial, solicita constancias o cargos con sello y fecha.

2) Requerimiento de pronunciamiento (impulso procedimental)

Antes de invocar silencio, muchas veces conviene presentar un escrito breve solicitando pronunciamiento, adjuntando el cargo de la solicitud original y señalando el plazo transcurrido. Esto cumple dos funciones: (i) demuestra diligencia y buena fe, y (ii) reduce la posibilidad de que la entidad alegue desconocimiento o “falta de impulso”. Tu escrito debe ser claro, respetuoso y centrado en hechos verificables (fechas, expediente, estado).

3) Activación de recursos (cuando aplica SAN o cuando se discute un SAP)

Si el silencio opera como negativo, lo usual es activar el recurso pertinente (reconsideración, apelación u otro, según el procedimiento). La idea no es “llenar papeles”, sino construir un relato probatorio: (i) qué solicitaste, (ii) qué norma aplica, (iii) por qué el plazo venció, (iv) qué evidencia lo acredita, y (v) qué pretensión concreta planteas.

Si el silencio opera como positivo, tu acción suele ser distinta: buscar la materialización (por ejemplo, constancia o ejecución) o la defensa frente a cuestionamientos. En estos casos, la clave es anticipar el control posterior: explicar por qué no hay afectación a terceros, por qué se cumplieron requisitos, y por qué el régimen admite SAP.

4) Control posterior y vía judicial (cuando el caso lo exige)

Cuando la controversia no se resuelve administrativamente, puede plantearse un control judicial (por ejemplo, vía contencioso-administrativa) o acciones constitucionales en supuestos específicos. La decisión depende del tipo de derecho comprometido, del estado de la vía administrativa y del riesgo de daño. Si el caso es relevante, evita improvisar: un buen expediente administrativo facilita cualquier discusión posterior sobre motivación, razonabilidad, prueba y plazos.

Un error frecuente es invocar silencio sin preguntarse “¿para qué?”. La conveniencia depende de tu objetivo (obtener una respuesta, habilitar impugnación, lograr un efecto favorable), del tipo de procedimiento y del nivel de riesgo (terceros, inspecciones, controles). Para ayudarte, presento una tabla comparativa y una matriz de decisión que puedes adaptar a tus expedientes.

En silencio administrativo, la forma importa. Un escrito confuso, agresivo o sin evidencia suele producir dos efectos indeseables: (i) la entidad “patea” el expediente con observaciones o pedidos ambiguos y (ii) la discusión se concentra en formalidades, no en el fondo. Por eso, conviene adoptar estándares de redacción administrativa: claridad, orden, trazabilidad y petitorio concreto.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

• Error 1: no identificar expediente ni fecha. Solución: en el primer párrafo coloca número, fecha de presentación y cargo.
• Error 2: confundir SAP con SAN. Solución: cita el TUPA/norma aplicable y explica el efecto que pretendes activar.
• Error 3: pedir “todo” sin petitorio. Solución: define una pretensión concreta (pronunciamiento, constancia, elevación, etc.).
• Error 4: no adjuntar evidencia. Solución: adjunta cargo, anexos y cuadro de cómputo; enumera anexos con precisión.
• Error 5: citar jurisprudencia o artículos sin verificar. Solución: si no puedes confirmar, evita la cita o coloca nota “verificar”.
• Error 6: tono innecesariamente confrontacional. Solución: describe hechos y normas; reserva calificativos para lo estrictamente necesario.

Buenas prácticas de redacción (modelo didáctico)

Un escrito eficaz suele tener esta estructura: (1) identificación del administrado, (2) antecedentes con fechas, (3) fundamento normativo (solo lo verificable), (4) análisis vinculado a evidencia, (5) petitorio concreto, y (6) anexos ordenados. Si el caso amerita, añade un apartado de “puntos controvertidos” (plazo, notificación, subsanación).

Finalmente, recuerda que el silencio administrativo es un escenario donde la Administración “habla” por omisión. En ese contexto, tu escrito debe hablar por ti: demostrar diligencia, ordenar el expediente y anticipar objeciones. El objetivo no es solo ganar un trámite, sino construir una posición sólida para cualquier instancia posterior.

El silencio administrativo no es una “trampa” ni una “solución mágica”: es una consecuencia jurídica que evita la paralización indefinida del ciudadano por inacción estatal. Para usarlo bien, se requiere disciplina probatoria: cargos, fechas, seguimiento y un cómputo transparente. La diferencia entre SAP y SAN define la estrategia: en SAN, el foco es impugnar; en SAP, el foco es acreditar vencimiento y reducir riesgos, especialmente cuando hay terceros o controles previos.

Si tu objetivo es defender un derecho frente a la inacción, lo más eficaz suele ser una combinación: (i) requerimiento de pronunciamiento, (ii) preparación de recurso si aplica, (iii) expediente ordenado y (iv) asesoría cuando el caso sea complejo. Incluso cuando el silencio produzca un efecto, el mejor cierre sigue siendo el pronunciamiento expreso, porque reduce incertidumbre y facilita ejecución.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Referencias (APA 7)