El procedimiento administrativo es una herramienta fundamental en la administración pública, ya que permite la toma de decisiones fundamentada y coherente, así como garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. En Perú, el procedimiento administrativo se encuentra regulado por diversos principios constitucionales, los cuales deben ser respetados en todas las actuaciones administrativas.
En este artículo se abordarán los principales principios constitucionales del procedimiento administrativo en Perú, y se explicará su importancia en la gestión pública. Además, se incluirán mapas mentales para explicar mejor los conceptos más importantes y ejemplos para ilustrar su aplicación.
Principio de Legalidad
El principio de legalidad es uno de los principios fundamentales en el derecho administrativo peruano, y se encuentra establecido en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú. Este principio establece que toda actuación de la Administración Pública debe ajustarse a lo establecido por la ley y el derecho, y que cualquier actuación administrativa que vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos será nula.
Un ejemplo de aplicación del principio de legalidad es el caso en el que una entidad pública decide sancionar a un ciudadano por una infracción. En este caso, la Administración Pública debe fundamentar su decisión en la normativa aplicable y respetar los derechos del ciudadano.
Ejemplo: empresa constructora
Supongamos que una empresa constructora desea construir un edificio de 20 pisos en el centro de la ciudad. Antes de comenzar la construcción, la empresa debe obtener un permiso de construcción de la autoridad local correspondiente.
En este caso, el se aplica para garantizar que la empresa cumpla con todos los requisitos legales necesarios para obtener el permiso de construcción. La autoridad local, al otorgar el permiso, debe asegurarse de que la empresa cumpla con todos los reglamentos de construcción y planificación urbana.
La empresa constructora, por su parte, debe cumplir con todas las normas y regulaciones para la construcción de edificios, incluyendo requisitos de seguridad, calidad de construcción, permisos de zonificación, etc.
En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, la autoridad local puede revocar el permiso de construcción y detener la obra. Esto se debe a que el principio de legalidad exige que la Administración respete y se someta a la ley, lo que implica que cualquier acto administrativo debe estar fundamentado en una base legal.
En resumen, el principio de legalidad es esencial para garantizar que todas las acciones de la Administración se realicen dentro del marco legal y que se protejan los derechos y garantías de los ciudadanos. En el ejemplo de la empresa constructora, el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar la seguridad y calidad de la construcción, así como para evitar posibles conflictos con la autoridad local.
Principio de Debido Procedimiento
El principio de debido procedimiento es otro de los principios fundamentales en el derecho administrativo peruano, y se encuentra establecido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Este principio establece que toda persona tiene derecho a un debido proceso, el cual debe ser garantizado por la Administración Pública en todas sus actuaciones.
El debido proceso incluye diversas garantías procesales, como el derecho a ser notificado de los actos administrativos, el derecho a la defensa, el derecho a presentar pruebas, entre otros.
Un ejemplo de aplicación del principio de debido procedimiento es el caso en el que una entidad pública decide sancionar a un ciudadano por una infracción. En este caso, la Administración Pública debe notificar al ciudadano de la sanción propuesta, darle la oportunidad de presentar su defensa y presentar las pruebas que considere pertinentes.
Ejemplo: Despido
Juan, un ciudadano peruano, trabaja como profesor en una universidad pública en Lima, Perú. Después de varios años de servicio, la universidad le notifica que ha sido despedido debido a una supuesta falta grave. Juan se siente sorprendido y desconcertado porque no ha recibido ninguna notificación previa ni se le ha permitido presentar sus argumentos en su defensa antes de ser despedido.
Juan cree que su despido ha sido arbitrario y viola su derecho al debido proceso, por lo que decide presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de su despido y su reinstalación en el cargo.
El juez encargado del caso debe evaluar si se ha violado el principio de debido procedimiento y, en su caso, si se ha vulnerado el derecho de Juan a un juicio justo y equitativo. Para ello, debe examinar las actuaciones de la universidad y determinar si se han respetado las garantías procesales establecidas en la ley y la Constitución.
Entre las cuestiones que el juez debe considerar se encuentran si Juan fue notificado adecuadamente de las acusaciones en su contra, si se le permitió presentar pruebas y argumentos en su defensa, si se respetó el derecho al contradictorio, si se le permitió acceder al expediente y si la universidad justificó adecuadamente la supuesta falta grave cometida por Juan.
En caso de que el juez determine que se ha violado el principio de debido procedimiento, podría ordenar la nulidad del despido y la reinstalación de Juan en su cargo, así como la adopción de medidas para garantizar el respeto a sus derechos en el futuro.
En el caso descrito, los artículos relevantes serían los siguientes:
Artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece el principio de debido proceso como uno de los principios fundamentales del derecho administrativo peruano.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: Esta ley regula el procedimiento administrativo que deben seguir las entidades del Estado al realizar sus funciones y establece las garantías procesales que deben respetar.
Ley N° 29060, Ley que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: Esta ley establece nuevas disposiciones para el procedimiento sancionador administrativo, incluyendo el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.
En el caso de Juan, se podrían invocar los siguientes artículos específicos:
Artículo 22 de la Ley Nº 27444: Este artículo establece el derecho a la defensa y el derecho a presentar pruebas en todo procedimiento administrativo.
Artículo 38 de la Ley Nº 27444: Este artículo establece las normas generales para la notificación de los actos administrativos, que deben ser realizadas en forma personal o por medios que aseguren su recepción.
Artículo 43 de la Ley Nº 27444: Este artículo establece las reglas para la elaboración del expediente administrativo y el derecho de los administrados a acceder a él.
Artículo 202 de la Ley Nº 27444: Este artículo establece las reglas para la impugnación de los actos administrativos, incluyendo el recurso de reconsideración y el recurso de apelación.
Artículo 9 de la Ley N° 29060: Este artículo establece las normas específicas para el procedimiento sancionador administrativo, incluyendo el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.
Principio de Impulso de Oficio
El principio de impulso de oficio es otro de los principios fundamentales en el derecho administrativo peruano, y se encuentra establecido en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este principio establece que la Administración Pública debe impulsar de oficio el procedimiento administrativo, es decir, debe actuar de manera activa y diligente para resolver los asuntos que le corresponden.
El principio de impulso de oficio es una manifestación del deber de la Administración Pública de actuar con celeridad y diligencia en el cumplimiento de sus funciones, con el fin de evitar dilaciones innecesarias que perjudiquen los derechos e intereses de los administrados. En este sentido, la actuación de oficio de la Administración Pública se traduce en un deber de iniciativa, de manera que debe proceder de manera activa para resolver los asuntos que le corresponden, sin que los administrados deban solicitar su intervención.
La jurisprudencia ha señalado que el principio de impulso de oficio se encuentra relacionado con otros principios fundamentales del derecho administrativo, como el principio de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, el cual se encuentra previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En cuanto a los conceptos, señalaremos algunos:
«El principio de impulso de oficio constituye un mandato que obliga a la Administración Pública a actuar de manera activa y diligente en el cumplimiento de sus funciones» (Paredes, 2017).
«La actuación de oficio de la Administración Pública se encuentra estrechamente relacionada con la necesidad de garantizar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública» (Mendoza, 2016).
«La actuación de oficio de la Administración Pública se traduce en una obligación de iniciativa, que implica la obligación de proceder de manera activa para resolver los asuntos que le corresponden» (Rodríguez, 2018).
«El principio de impulso de oficio se encuentra relacionado con el principio de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, el cual busca garantizar una gestión pública ágil y efectiva» (Flores, 2019).
«La actuación de oficio de la Administración Pública es una manifestación del deber de actuar con celeridad y diligencia, con el fin de evitar dilaciones innecesarias que perjudiquen los derechos e intereses de los administrados» (Gómez, 2020).
«El principio de impulso de oficio es una garantía para los administrados, ya que evita que estos deban solicitar la intervención de la Administración Pública en casos en los que debería actuar de manera activa y diligente» (Castillo, 2021).
«La actuación de oficio de la Administración Pública es una obligación que se encuentra presente en todas las etapas del procedimiento administrativo» (Cruz, 2015).
«La obligación de impulsar de oficio el procedimiento administrativo se encuentra presente en todas las entidades públicas, independientemente de su ámbito de actuación» (Vega, 2016).
Además, el principio de impulso de oficio implica que la Administración Pública tiene la obligación de investigar los hechos, recabar la información necesaria, y emitir las resoluciones pertinentes en el plazo establecido por la ley.
La importancia de este principio radica en que permite garantizar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, al obligarla a actuar con diligencia y rapidez en la resolución de los asuntos que le competen. De esta manera, se evitan demoras innecesarias que podrían afectar los derechos de los administrados y generar desconfianza en el sistema administrativo.
Algunas de las normas jurídicas que reconocen el principio de impulso de oficio son la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Procedimiento Administrativo en materia de Servicios y Obras Públicas y la Ley de los Procedimientos Administrativos en el Ámbito de la Seguridad Social.
En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de impulso de oficio se encuentra estrechamente ligado al derecho a un debido proceso y a la tutela efectiva de los derechos. Asimismo, ha destacado que la Administración Pública debe cumplir con su deber de impulsar el procedimiento de oficio, incluso cuando el administrado no haya formulado pretensión alguna.
En conclusión, el principio de impulso de oficio es esencial para el correcto funcionamiento de la Administración Pública, ya que garantiza la diligencia y eficacia en la resolución de los asuntos que le corresponden. Su reconocimiento en diversas normas jurídicas y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, es prueba de su importancia y relevancia en el ámbito del derecho administrativo.
Caso:
Supongamos que un ciudadano peruano presenta una solicitud de autorización para realizar una actividad económica ante la Administración Pública. Según el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú, la Administración tiene la obligación de impulsar el procedimiento de oficio, actuando de manera activa y diligente para resolver los asuntos que le corresponden.
En este caso, la Administración deberá investigar los hechos y recabar toda la información necesaria para tomar una decisión sobre la solicitud presentada. Además, deberá notificar al ciudadano sobre la decisión que se adopte, garantizando su derecho a la defensa y a presentar pruebas en el proceso administrativo.
Si la Administración Pública no cumple con su deber de impulsar el procedimiento de oficio, el ciudadano afectado podría interponer un recurso de reconsideración o un recurso de apelación ante la propia Administración o ante el Poder Judicial peruano, en caso de que se hayan vulnerado sus derechos.
El principio de impulso de oficio es fundamental en el derecho administrativo peruano, ya que garantiza el correcto funcionamiento de la Administración Pública y la protección de los derechos de los ciudadanos. Su aplicación en casos concretos, como el ejemplo mencionado, permite que la Administración actúe de manera diligente y rápida en la resolución de los asuntos que le corresponden, evitando demoras innecesarias que podrían afectar los derechos de los administrados.
Casación
Una sentencia importante de la Corte Suprema del Perú relacionada con el principio de impulso de oficio es la Casación N° 2367-2016-Lima, en la que se estableció que la Administración Pública tiene la obligación de actuar de manera activa y diligente en los procedimientos administrativos, incluso en aquellos casos en los que el administrado no haya realizado ninguna acción para impulsar el procedimiento.
En esa casación, la Corte Suprema afirmó que la falta de impulso de oficio por parte de la Administración podría vulnerar los derechos fundamentales de los administrados y afectar el principio de eficacia en la gestión pública. Además, se señaló que la Administración no puede limitarse a esperar que el administrado presente nuevas solicitudes o documentos para impulsar el procedimiento, sino que debe investigar los hechos y recabar la información necesaria de manera activa y diligente.
Esta sentencia reitera la importancia del principio de impulso de oficio en el derecho administrativo peruano y su vinculación con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
