El Capítulo 1 de una tesis es crucial para establecer el contexto, justificar la investigación y presentar claramente el problema que se va a abordar. En esta guía, te proporcionamos un paso a paso para que puedas redactar tu Introducción y la Realidad problemática, siguiendo las normas del formato APA 7 y con un enfoque práctico que se ajuste a los estándares académicos.
1.1 Introducción
¿Qué debe incluir la Introducción?
La Introducción debe proporcionar una visión general del tema de investigación, presentar el contexto en el que se sitúa, y justificar la importancia de investigar dicho tema. En investigaciones jurídicas, es fundamental que establezcas un contexto normativo y que expliques por qué tu investigación es relevante en el campo del derecho.
Estructura de la Introducción:
1. Contextualización del tema
Comienza explicando el contexto amplio en el que se desarrolla tu investigación. Por ejemplo, si estás investigando la digitalización del sistema judicial, puedes mencionar las reformas judiciales recientes y cómo estas han cambiado el panorama procesal en muchos países.
Ejemplo: En los últimos años, muchos sistemas judiciales alrededor del mundo han adoptado tecnologías digitales para mejorar la eficiencia procesal y garantizar el acceso al debido proceso. Estas reformas han sido impulsadas por la necesidad de modernizar los tribunales y reducir los tiempos de tramitación de casos, como lo destaca la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ, 2020).
2. Relevancia del tema
Explica por qué es importante investigar este tema en particular. Justifica su relevancia en el ámbito jurídico, ya sea porque aborda una laguna legal, un problema recurrente en los tribunales, o porque tiene un impacto en el acceso a la justicia.
Ejemplo: En Perú, a pesar de las iniciativas de digitalización impulsadas por el Poder Judicial, persisten importantes barreras normativas y tecnológicas que impiden que estas herramientas se implementen de manera equitativa en todo el país. La falta de acceso a tecnología en las zonas rurales ha exacerbado las desigualdades en el acceso a la justicia, lo que convierte a este tema en un problema urgente y relevante para el análisis jurídico (Fernández, 2020).
3. Objetivo general de la investigación
Concluye la introducción planteando el objetivo general de tu investigación. Esto ayudará a los lectores a entender el propósito de tu tesis y cómo se va a abordar el problema identificado.
Ejemplo: El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la digitalización en el sistema judicial peruano, evaluando cómo esta modernización ha afectado los tiempos procesales y el acceso al debido proceso en distintas regiones del país.
Consejos prácticos:
- Usa citas para respaldar afirmaciones importantes, pero no sobrecargues la introducción con demasiadas citas.
- Mantén el lenguaje claro y directo, sin entrar en detalles que pertenezcan al marco teórico o los resultados.
1.2 Realidad problemática
¿Qué es la Realidad problemática?
La Realidad problemática se refiere a la situación que origina tu investigación. Aquí debes describir el problema principal que tu tesis busca resolver, presentando primero el contexto general y luego enfocándote en el problema específico que abordarás.
Estructura de la Realidad problemática:
1. Descripción del problema
Empieza describiendo el problema de manera general. Explica cuál es el problema en el sistema jurídico que has identificado y por qué es relevante.
Ejemplo: El sistema judicial peruano enfrenta una crisis de eficiencia, con tiempos procesales que exceden los estándares internacionales. Según un informe del Poder Judicial (2021), el 60% de los casos civiles en Lima toman más de tres años en resolverse, lo que afecta gravemente el derecho al debido proceso.
2. Justificación del problema
Justifica por qué es necesario investigar este problema. Puedes citar estadísticas, estudios previos o casos relevantes que demuestren la existencia y magnitud del problema.
Ejemplo: Estudios previos como el de García y Pérez (2019) han señalado que uno de los principales factores que contribuyen a esta demora es la falta de digitalización integral en los tribunales peruanos.
3. Antecedentes
Presenta estudios previos y el estado del arte sobre el tema. Es importante que cites investigaciones que respalden tu problema.
4. Delimitación del problema
Especifica los límites de tu investigación, tanto en términos de espacio como de tiempo.
5. Variables y dimensiones
Define las variables principales de tu estudio y las dimensiones que analizarás.
La obediencia constitucional en el Perú y los límites de la desobediencia civil: Objeción de conciencia y casos recientes
Introducción
El equilibrio entre los derechos individuales y los deberes ciudadanos constituye uno de los pilares esenciales en el mantenimiento del Estado de derecho en una democracia. Este equilibrio, sin embargo, se ve continuamente desafiado por las tensiones inherentes a la sociedad, especialmente cuando los ciudadanos recurren a mecanismos como la desobediencia civil o la objeción de conciencia. Estos mecanismos, concebidos como formas legítimas de resistencia frente a leyes percibidas como injustas, exigen que el Estado garantice los derechos fundamentales sin desestabilizar el orden jurídico ni vulnerar los derechos colectivos.
En el contexto peruano, estas tensiones se han manifestado en diversas formas, desde protestas políticas hasta el uso de la objeción de conciencia en ámbitos como la salud. Aunque la Constitución Política del Perú reconoce la importancia de los derechos individuales, como la libertad de conciencia y expresión (artículo 2), el marco legal no siempre proporciona respuestas claras cuando estos derechos entran en conflicto con deberes constitucionales o profesionales. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre los límites de la resistencia pacífica y el respeto a la supremacía constitucional.
Este artículo busca analizar los conceptos de obediencia constitucional, desobediencia civil y objeción de conciencia, enmarcándolos dentro de la realidad política y jurídica del Perú. A través de ejemplos prácticos y dilemas éticos, se examinará cómo estas figuras contribuyen al debate democrático y se propondrán soluciones que permitan un equilibrio adecuado entre la defensa de los derechos individuales y el cumplimiento de las responsabilidades colectivas que sostienen el orden constitucional.
Obediencia Constitucional: fundamento del Estado de Derecho
La obediencia constitucional es el principio que sostiene el andamiaje de cualquier Estado democrático. Es a través del respeto a la Constitución que se garantiza la legitimidad de las instituciones y se protege la estabilidad del orden jurídico. En Perú, el artículo 38 de la Constitución Política establece que todos los ciudadanos tienen el deber ineludible de respetar y cumplir no solo la Constitución, sino también las leyes que de ella derivan. Este mandato es esencial para el funcionamiento armónico del Estado, pues asegura que tanto los actores públicos como privados se sometan a las normas que rigen la vida en sociedad.
Además, la obediencia constitucional preserva el principio de supremacía constitucional, que establece que la Constitución está por encima de cualquier otra norma en el ordenamiento jurídico. Este principio ha sido defendido en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional del Perú, especialmente en situaciones de crisis política. Por ejemplo, en 2020, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, el respeto a la Constitución permitió una transición de poder pacífica y ordenada. A pesar de la incertidumbre y las protestas, la adhesión a las disposiciones constitucionales por parte de los actores políticos y ciudadanos fue clave para evitar una escalada de tensiones y garantizar la gobernabilidad.
Otro caso relevante es el de las elecciones generales de 2021, donde, a pesar de una intensa polarización política y denuncias de fraude, las instituciones electorales y el marco constitucional protegieron el resultado. El respeto a la voluntad popular, expresada a través de los mecanismos legales y constitucionales, fue fundamental para mantener la estabilidad democrática. Estas experiencias subrayan que, en momentos de crisis, la fidelidad a la Constitución es lo que permite preservar el Estado de derecho y evitar el caos institucional.
¿Qué es la obediencia constitucional en Perú?
La desobediencia civil, tal como la define John Rawls en su obra Teoría de la Justicia (1971), es un acto público, consciente, político y, sobre todo, no violento, cuyo propósito es provocar un cambio en las leyes o decisiones gubernamentales que se perciben como injustas. Lo que distingue la desobediencia civil de otras formas de protesta es su carácter deliberado y su apelación a la justicia, buscando persuadir tanto a la sociedad como a las instituciones para que revisen una norma o política que vulnere los derechos fundamentales de ciertos grupos. Este tipo de resistencia opera dentro del marco constitucional, lo que la legitima como herramienta democrática.
Históricamente, la desobediencia civil ha sido un vehículo clave para impulsar cambios profundos en las sociedades democráticas, especialmente en situaciones donde las mayorías imponen decisiones que afectan negativamente a las minorías. En el contexto peruano, ha jugado un papel importante en momentos críticos de la historia política reciente. Un ejemplo es la movilización estudiantil de 2018, donde miles de jóvenes protestaron en demanda de una reforma universitaria que garantizara mayor inversión y recursos para la educación pública. Este movimiento fue esencial para presionar al gobierno a escuchar las demandas de los estudiantes y generar un debate sobre la equidad en el acceso a la educación superior.
El fundamento teórico de la desobediencia civil ha sido desarrollado por pensadores como Jürgen Habermas y Oscar Mejía Quintana, quienes sostienen que este tipo de resistencia es legítima en una democracia siempre que se respeten ciertos principios, como la no violencia y la apelación a la justicia constitucional. Para Habermas, la desobediencia civil no es simplemente una violación de la ley, sino una expresión crítica de la ciudadanía que señala fallas estructurales en el sistema democrático y busca corregirlas sin desestabilizar el orden social.
Un ejemplo reciente en Perú es el de las manifestaciones por el cierre del Congreso en 2019, donde miles de personas tomaron las calles para apoyar o rechazar la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso. Aunque las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, desafiaron las leyes que limitaban el derecho de reunión y movilización. Este caso plantea un dilema importante: ¿hasta qué punto la desobediencia civil es legítima cuando se enfrenta a decisiones que, aunque impopulares, buscan restaurar la gobernabilidad y luchar contra la corrupción? La respuesta a este dilema depende de cómo se perciba la medida del cierre del Congreso: si se ve como un acto necesario para proteger el orden constitucional o como una violación del principio democrático.
Objeción de conciencia: Un Derecho en conflicto con el deber Legal
La objeción de conciencia es el derecho que permite a un individuo negarse a cumplir una obligación legal cuando esta contradice profundamente sus principios morales, éticos o religiosos. En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, la libertad de conciencia y religión está protegida, lo que implícitamente ampara este derecho. Sin embargo, la objeción de conciencia no está siempre claramente regulada, lo que genera conflictos cuando se enfrenta a los deberes profesionales o los derechos fundamentales de terceros. Este tipo de conflictos plantea dilemas éticos y jurídicos que requieren de un análisis profundo para balancear los derechos de todas las partes involucradas.
Uno de los casos más emblemáticos en Perú es el de Ana Estrada, quien, debido a una enfermedad degenerativa, luchó por su derecho a acceder a la eutanasia. La Corte Suprema falló a su favor, otorgándole el derecho a una muerte digna bajo condiciones específicas. No obstante, este caso puso de relieve el conflicto entre los derechos de los pacientes y los principios éticos de los médicos. Algunos profesionales de la salud invocaron la objeción de conciencia para no participar en el procedimiento, argumentando que realizar la eutanasia iba en contra de sus convicciones personales. Este caso plantea un dilema crucial: ¿cómo equilibrar el derecho de un individuo a decidir sobre su vida con el derecho de los médicos a actuar conforme a sus convicciones morales?
Este tipo de conflicto no es exclusivo de Perú. En países como España, la objeción de conciencia ha sido ampliamente debatida en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque la ley reconoce el derecho de los médicos a objetar, se ha exigido que este derecho no impida que las mujeres accedan a servicios de aborto en los hospitales públicos. El Tribunal Constitucional español ha dictaminado que, aunque la objeción de conciencia es un derecho legítimo, no puede menoscabar el acceso de las pacientes a procedimientos legalmente garantizados. Esta jurisprudencia plantea una solución intermedia que busca proteger tanto los derechos de los pacientes como las creencias de los médicos.
En el ámbito internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido diversas sentencias sobre la objeción de conciencia, destacando que este derecho, aunque importante, no es absoluto y debe ser evaluado caso por caso. En la sentencia Eweida y Otros contra el Reino Unido (2013), el tribunal reconoció el derecho de una trabajadora a llevar un símbolo religioso en su lugar de trabajo, al mismo tiempo que rechazó otros casos en los que se invocaba la objeción de conciencia para no prestar ciertos servicios. Esta sentencia muestra que los tribunales evalúan la proporcionalidad entre los derechos individuales y las obligaciones profesionales, reconociendo que la objeción de conciencia debe estar sujeta a límites para no interferir con el bienestar de terceros.
Volviendo al contexto peruano, la falta de una regulación clara sobre la objeción de conciencia ha generado vacíos legales que complican su aplicación en diversas profesiones. En el ámbito de la salud, por ejemplo, no existe una normativa explícita que defina cuándo y cómo los profesionales de la salud pueden invocar la objeción de conciencia sin comprometer el acceso de los pacientes a servicios críticos. Este vacío puede llevar a situaciones en las que los derechos de los pacientes se ven afectados, como en el caso de mujeres que solicitan un aborto terapéutico, procedimiento legal en Perú en ciertos supuestos, pero a menudo difícil de acceder debido a la reticencia de los profesionales de la salud.
Dilemas Éticos: ¿Cómo equilibrar Derechos Individuales y Colectivos?
Uno de los dilemas éticos más complejos que surgen tanto en la desobediencia civil como en la objeción de conciencia es la constante tensión entre los derechos individuales y los derechos colectivos o los deberes profesionales. Este conflicto plantea preguntas sobre cuál derecho debe prevalecer cuando ambas esferas entran en colisión. En el contexto de la objeción de conciencia, este dilema se manifiesta con especial claridad en el ámbito de la salud, particularmente en procedimientos como el aborto o la eutanasia.
El desafío radica en cómo el Estado y las instituciones pueden equilibrar estos derechos contrapuestos. La objeción de conciencia permite a los profesionales abstenerse de realizar actos contrarios a sus principios, pero ese derecho no puede transformarse en una barrera que impida a los pacientes acceder a un servicio legal. Este dilema ha sido reconocido en múltiples legislaciones a nivel internacional. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, en su sentencia C-355/06, estableció que la objeción de conciencia individual no puede comprometer el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva.
En la actividad práctica realizada en clase, los estudiantes pudieron explorar este tipo de conflicto a través del caso de Ana Estrada y su lucha por el derecho a una muerte digna. Cada grupo representó a diferentes actores involucrados en el conflicto, desde los médicos objetores hasta los defensores de los derechos humanos y el Ministerio de Salud. Este ejercicio permitió a los estudiantes profundizar en los dilemas que surgen cuando los derechos individuales, como el de la autodeterminación, chocan con la libertad de conciencia de los profesionales de la salud.
Un caso similar se presentó en Italia, donde los médicos pueden invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido que, si bien se reconoce el derecho a la objeción, el Estado tiene la obligación de garantizar que el acceso al aborto esté disponible de manera efectiva para las mujeres. Esto implica que las instituciones públicas deben contar con personal dispuesto a realizar estos procedimientos, protegiendo así el derecho colectivo de acceso a los servicios médicos garantizados por la ley.
La búsqueda de un equilibrio ético en estos casos no es sencilla, y a menudo involucra aspectos morales, legales y políticos. En el ámbito académico, autores como Ronald Dworkin han defendido que los derechos individuales deben ser protegidos incluso frente a la opinión de las mayorías. Sin embargo, como argumenta Joseph Raz, los derechos no pueden ser absolutos y deben ser ponderados en función de las consecuencias sociales y el bienestar colectivo. Este enfoque sugiere que la objeción de conciencia, aunque importante, no puede prevalecer indefinidamente sobre otros derechos fundamentales, como el acceso a servicios de salud.
El rol del Estado: Guardián del equilibrio Constitucional
El Estado desempeña un papel crucial como mediador en los conflictos que surgen entre los derechos individuales y los deberes colectivos. Su función principal es garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de conciencia o el derecho a la desobediencia civil, se ejerzan de manera que no vulneren los derechos de otros ni desestabilicen el orden público. En este sentido, el Estado actúa como un guardián del equilibrio constitucional, asegurando que los principios que sustentan el Estado de derecho no se vean comprometidos.
Cuando se invoca la objeción de conciencia, el Estado debe garantizar que este derecho individual no limite el acceso de otros ciudadanos a derechos fundamentales, como el acceso a la salud. En el caso de Ana Estrada en Perú, por ejemplo, la decisión de permitir la eutanasia a una paciente con una enfermedad degenerativa planteó un desafío para el Estado, que debía equilibrar el derecho de Ana a una muerte digna con la objeción de conciencia de los médicos. El Estado debía asegurar que el derecho de Ana no se viera bloqueado por las convicciones personales de los profesionales de la salud. Este tipo de conflictos plantea la necesidad de normativas claras que protejan tanto la libertad individual como el derecho a servicios críticos.
El Estado también tiene la responsabilidad de promover el diálogo y establecer mecanismos de resolución pacífica de conflictos, especialmente en casos de desobediencia civil. En estos contextos, el Estado debe garantizar que las protestas pacíficas se respeten como parte de los derechos de expresión y reunión, siempre que no vulneren los derechos de terceros ni pongan en riesgo el orden público. Un ejemplo claro fue la mediación estatal en las protestas de 2019 tras la disolución del Congreso, donde la intervención del Estado promovió el diálogo entre los manifestantes y las autoridades, evitando una mayor escalada del conflicto.
A nivel internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido principios claros sobre el rol del Estado en situaciones de conflicto entre derechos individuales y colectivos. En casos como el de Bayev y Otros contra Rusia (2017), el Tribunal señaló que el Estado debe actuar como un árbitro neutral que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos sin perjudicar a otros. Este enfoque subraya la importancia de la proporcionalidad: las restricciones impuestas por el Estado deben ser proporcionales a la necesidad de proteger otros derechos o intereses públicos, como el mantenimiento del orden.
En situaciones de desobediencia civil, el Estado no debe reprimir las protestas simplemente porque desafíen una ley o política. Como argumenta John Rawls en su Teoría de la Justicia, la desobediencia civil, cuando es pacífica y justificada, es un recurso legítimo en una democracia para corregir injusticias. El Estado, por lo tanto, tiene la responsabilidad de distinguir entre actos de protesta que buscan mejorar la justicia social y aquellos que representan una amenaza para el orden constitucional.
Conclusión
La obediencia constitucional, la desobediencia civil y la objeción de conciencia son pilares fundamentales en cualquier democracia que pretenda ser inclusiva, justa y respetuosa de los derechos individuales. Estas herramientas permiten que los ciudadanos expresen sus desacuerdos con el sistema legal y político, ya sea a través de la resistencia pacífica o el rechazo a participar en actos contrarios a sus creencias, sin que ello signifique una amenaza para el orden constitucional. Sin embargo, el uso de estas herramientas plantea un delicado equilibrio entre la defensa de los derechos individuales y la garantía de las responsabilidades colectivas.
Los casos recientes en Perú, como las protestas de 2019 y la lucha de Ana Estrada por una muerte digna, ilustran este desafío. Por un lado, las protestas demostraron cómo la desobediencia civil puede ser un mecanismo legítimo para exigir mayor rendición de cuentas por parte del gobierno. Por otro lado, el caso de Ana Estrada nos recuerda la complejidad que surge cuando la objeción de conciencia entra en conflicto con los derechos individuales de otros ciudadanos. En ambos casos, es evidente la necesidad de abordar estos dilemas con sensibilidad jurídica y ética, buscando soluciones que respeten tanto los derechos de los individuos como los principios colectivos que sostienen el orden social.
El rol del Estado es fundamental. Como garante del orden constitucional, el Estado debe actuar como un mediador neutral, capaz de proteger los derechos de todos los ciudadanos sin sacrificar el bienestar colectivo. Esto implica fomentar el diálogo, facilitar el acceso a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos, de manera que los derechos individuales puedan coexistir con los intereses comunes.
En conclusión, el desafío central para cualquier democracia es encontrar el equilibrio entre los derechos individuales y las exigencias del bien común. Para ello, es necesario que el marco legal en Perú esté dotado de herramientas que permitan la expresión de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, dentro de límites que aseguren el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Al hacerlo, se fortalecerá el Estado de derecho, protegiendo tanto la justicia como los derechos humanos, pilares esenciales para el bienestar y la cohesión social en cualquier sociedad democrática.
Referencias
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.
- Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.
- Mejía Quintana, O. (2003). La justificación constitucional de la desobediencia civil. Revista de Estudios Sociales, 14, 76-87.
- Navarro Casado, S. (2013). Las cosas por su nombre: Objeción de conciencia o desobediencia civil. Revista de Bioética y Derecho, 28, 91-101.
- Tribunal Constitucional de Colombia. Sentencia C-355/06 (2006).
- Corte Europea de Derechos Humanos. Eweida y Otros contra el Reino Unido, [2013] ECHR 37.
- Corte Europea de Derechos Humanos. Bayev y Otros contra Rusia, [2017] ECHR 572.
- Constitución Política del Perú (1993). Congreso de la República del Perú.
- Estrada Urrutia, A. (2021). El derecho a una muerte digna: La lucha por la eutanasia en Perú. Revista de Derechos Humanos.
- Tribunal Constitucional de España. Sentencia STC 53/1985.
- Tribunal Constitucional de Italia. Sentencia sobre objeción de conciencia y aborto (2013).
- Vizcarra, M. (2019). Disolución del Congreso en el Contexto Político de Perú. Revista de Derecho Constitucional.
- Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Clarendon Press.
