El aula de Derecho estaba sumida en un silencio tenso. Los estudiantes sabían que esa clase sería especial. Sessarego Anderson, profesor experimentado, había preparado un tema que resonaba profundamente con los problemas sociales: las pensiones. Pero, en lugar de comenzar con definiciones legales, proyectó un video sobre Víctor Meza, un hombre que, después de décadas de trabajo, recibía apenas 500 soles mensuales como pensión. La cámara enfocaba sus manos temblorosas mientras contaba las monedas que le quedaban, eligiendo entre comprar comida o medicinas.
Los estudiantes observaban, conmocionados por lo que veían en la pantalla. Sofía, siempre empática, fue la primera en romper el silencio:
—Esto es inhumano, profesor. ¿Cómo puede alguien que ha trabajado toda su vida acabar así? —preguntó con una mezcla de rabia y tristeza.
Sessarego, con una mirada de comprensión, asintió:
—Desafortunadamente, esta es una realidad común para muchos pensionistas en nuestro país. Y lo peor no es solo el monto que reciben, sino la lentitud burocrática y los errores en los cálculos. Miles de personas mueren antes de ver lo que por derecho les corresponde.
Cristian, siempre buscando entender la raíz del problema, intervino:
—Pero si se sabe que estos casos son tan urgentes, ¿por qué no hay mecanismos más rápidos para resolverlos?
El profesor suspiró.
—Existen mecanismos. Por ejemplo, el llamado «proceso urgente», que prioriza estos casos previsionales. Sin embargo, la realidad es que el sistema judicial está saturado, y la falta de personal especializado y recursos hace que hasta estos procesos se retrasen.
Armich, visiblemente molesto, no pudo evitar expresar su frustración:
—Entonces, ¿qué esperanza les queda? Si ni siquiera el proceso urgente funciona como debería, ¿cómo se puede confiar en el sistema?
Sessarego, tomando aire, reflexionó antes de responder:
—La única esperanza es impulsar reformas desde dentro. Uno de los mayores problemas es la falta de un fondo de emergencia que cubra estos casos. Si existiera, los trabajadores no dependerían de la solvencia de sus empleadores para acceder a sus derechos. Pero hasta que eso ocurra, las víctimas seguirán esperando.
Para que sus estudiantes comprendieran mejor las implicaciones humanas de este problema, Sessarego comenzó a narrar el caso de Doña María Sánchez:
Doña María, una mujer que había dedicado más de 30 años de su vida a trabajar en una fábrica textil, se enfrentaba al que creía sería su merecido descanso: la jubilación. Había confiado en que, tras décadas de esfuerzo, su futuro estaba asegurado. Durante años, había dejado en manos de su empleador la responsabilidad de sus aportes previsionales, sin imaginar que esa confianza se vería traicionada.
Cuando llegó el momento de recibir su pensión, María se encontró con una verdad devastadora: los últimos cinco años de aportes no habían sido registrados. Su empleador, sin ninguna advertencia, había omitido esos pagos esenciales. María, desconcertada y sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, decidió reclamar lo que era suyo por derecho.
Pero su lucha no había hecho más que empezar. Al buscar respuestas, se enteró de que la empresa había cerrado sus puertas, desapareciendo sin dejar rastro. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, se había desvanecido en un vacío legal y burocrático. Doña María, una mujer que había entregado su vida al trabajo, quedó completamente desprotegida, con nada más que el peso de una traición silenciosa.
Sofía, con ojos llenos de incredulidad, intervino:
—Pero profesor, ¿no existen leyes que protejan a los trabajadores en estos casos?
Sessarego asintió, pero su mirada reflejaba resignación.
—Sí, pero el problema está en la fiscalización. Si la empresa cierra o se declara en bancarrota, es difícil recuperar esos aportes. María, después de años de litigio, finalmente obtuvo una pensión mínima. Sin embargo, murió antes de poder disfrutarla plenamente.
El salón quedó en silencio. Los estudiantes no solo estaban aprendiendo leyes, sino que sentían el peso de una realidad que hasta ahora les había sido ajena. Armich, siempre el más directo, no pudo contenerse:
—Es una burla. ¿Cómo puede el sistema fallar de esta manera a quienes más lo necesitan?
El profesor asintió con comprensión, pero con el rostro endurecido:
—Esa es la pregunta que debemos hacernos como futuros abogados. No basta con aplicar la ley, tenemos que luchar por reformas que humanicen el sistema.
La clase continuó en ese tono serio y reflexivo cuando el profesor narró el siguiente caso:
Don Pablo Ríos dedicó 40 años de su vida a la enseñanza. Era un hombre que veía en cada estudiante una oportunidad para cambiar el futuro, y durante esas cuatro décadas, nunca se preocupó por su retiro. Confiaba en que, después de tantos años de servicio, la promesa de una jubilación digna se cumpliría.
Pero cuando llegó el momento de jubilarse, Don Pablo recibió una noticia devastadora: la pensión que le habían asignado era muy inferior a lo que le correspondía por su servicio. Confundido y sintiéndose traicionado por el sistema, decidió luchar. Inició un proceso para el recalculo de su pensión, con la esperanza de que se corrigiera ese error.
Sin embargo, lo que pensó que sería una rápida corrección se transformó en un calvario judicial que se prolongó durante siete largos años. A medida que pasaba el tiempo, Don Pablo envejecía, enfermo y sin los recursos necesarios para sostenerse dignamente. Su vida, que había estado dedicada a formar a las generaciones del futuro, ahora parecía desvanecerse en el olvido del sistema.
Con cada año que pasaba, su salud se deterioraba. Las audiencias se posponían, los trámites se acumulaban, pero la resolución nunca llegaba. Don Pablo falleció sin ver la justicia que tanto había esperado. Cuando finalmente se recalculó su pensión, fue su familia quien recibió el monto correcto. Pero para Don Pablo, la justicia llegó demasiado tarde. El sistema que él había servido no le devolvió lo que le correspondía cuando más lo necesitaba. El daño ya estaba hecho.
Cristian, frunciendo el ceño, preguntó:
—Entonces, ¿su familia pudo continuar el proceso?
—Sí, respondió Sessarego, pero ese dinero ya no pudo mejorar la calidad de vida de Don Pablo. El sistema falló y le negó una vejez digna.
El salón quedó nuevamente en silencio. Los estudiantes comprendían ahora que el derecho a la pensión era más que una cuestión legal, era una cuestión de justicia.
Finalmente, Sessarego decidió narrar un último caso:
—El problema de las viudas pensionistas es otro tema grave. Al morir sus esposos, la pensión que reciben suele ser drásticamente menor, y el sistema no se ha actualizado para reflejar los cambios económicos. Estas mujeres, en muchos casos, se ven obligadas a vender sus pertenencias o depender de la caridad para sobrevivir.
Sessarego hizo una pausa, su mirada oscurecida por los recuerdos de un caso especialmente doloroso. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no dejarían a nadie indiferente.
—Uno de los casos más desgarradores que he defendido fue el de Doña Elvira, una mujer que dedicó toda su vida a su hogar y a cuidar de su esposo, un empleado público que falleció tras 35 años de servicio. Doña Elvira había confiado en que la pensión de su esposo la mantendría a salvo, pero cuando murió, descubrió que la pensión que le correspondía era una fracción ínfima de lo que él recibía. El sistema de pensiones no se había actualizado en décadas, y a pesar del aumento en el costo de vida, su pensión quedó congelada en una cifra miserable.
Los estudiantes escuchaban atentos, mientras Sessarego continuaba:
—Doña Elvira no podía sobrevivir con ese dinero. Lo que más me impresionó fue cuando la visité en su casa. Había vendido casi todos sus bienes, desde los electrodomésticos hasta los muebles. El único objeto que le quedaba era una foto enmarcada de su esposo, que mantenía en su pequeña sala. «Con lo que tengo ahora, no puedo ni comprar el medicamento para mi presión», me dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Recuerdo que en ese momento, sentí una profunda impotencia. La justicia no solo era lenta; era ciega al dolor humano.
Sessarego respiró hondo antes de proseguir:
—Luchamos en los tribunales, pero el proceso se prolongó. Doña Elvira falleció sin haber recibido ni un sol de lo que legítimamente le correspondía por los años de servicio de su esposo. El sistema le falló a ella y a miles como ella, quienes, después de haber dedicado su vida a construir una familia o apoyar a un trabajador, terminan dependiendo de la caridad o vendiendo lo poco que tienen para sobrevivir.
Sofía, visiblemente conmovida, se limpió las lágrimas con la manga de su camisa y preguntó con voz quebrada:
—¿Y cómo podemos cambiar eso, profesor?
Sessarego, viendo el potencial en sus estudiantes, les respondió con determinación:
Todos los casos que hemos visto hoy comparten una trágica realidad: las personas fallecieron antes de recibir la justicia que buscaban. Eso es lo que hace que los casos previsionales sean tan delicados: estamos corriendo contra el tiempo. Las pensiones no son solo un derecho, sino una cuestión de supervivencia en la etapa más vulnerable de la vida de una persona.
Para muchos adultos mayores, una demora de meses o años en el proceso judicial puede ser devastadora. El sistema les falla cuando más lo necesitan, y para ellos, la espera es una sentencia. Como futuros abogados, su responsabilidad no es solo litigar casos, sino también luchar por un cambio real. No basta con ganar en los tribunales; debemos trabajar para que las reformas del sistema garanticen que estas personas no mueran esperando justicia. El derecho debe adaptarse a las realidades humanas, y ustedes serán los encargados de que eso ocurra
Preguntas de reflexión:
- ¿Cómo puede el «proceso urgente» ser más eficiente para los pensionistas y garantizar que reciban sus derechos en vida?
- ¿Qué mecanismos de fiscalización podrían implementarse para garantizar que los empleadores hagan sus aportes correctamente?
- ¿Qué reformas judiciales se necesitarían para agilizar los casos relacionados con las pensiones y los derechos previsionales?
- ¿Cómo puede un abogado garantizar que el derecho constitucional a la pensión se respete en la práctica?
- ¿Es viable la creación de un fondo de emergencia para cubrir las pensiones en casos de incumplimiento empresarial?