1. Qué significa interpretar derecho extranjero

Interpretar derecho extranjero significa determinar el contenido jurídico real de una norma que pertenece a un sistema jurídico distinto al peruano. No basta con ubicar un artículo, traducirlo al castellano y aplicarlo directamente. El operador jurídico debe comprender la norma dentro de su propio contexto: fuentes, jerarquía normativa, categorías dogmáticas, jurisprudencia, doctrina y práctica institucional.

En el Derecho Internacional Privado peruano, el problema aparece cuando una relación privada no se agota en el territorio nacional. Por ejemplo, una persona fallece domiciliada en el extranjero y deja bienes en Perú; una empresa peruana pacta un contrato con una compañía chilena bajo ley chilena; un matrimonio se celebra en España y luego produce efectos en Lima; o un testamento otorgado ante autoridad extranjera pretende inscribirse en los Registros Públicos peruanos.

La pregunta jurídica no es únicamente “qué norma se aplica”, sino también “cómo debe entenderse esa norma”. Una disposición extranjera puede usar palabras conocidas para el abogado peruano, pero dentro de otro sistema puede tener una función distinta. Por eso, interpretar derecho extranjero exige una lectura sistémica. Debe revisarse si la norma está vigente, si ha sido modificada, si existe jurisprudencia extranjera que precise su alcance, si hay doctrina especializada que explique su sentido y si su aplicación produce un resultado compatible con el orden público internacional peruano.

Esta lógica evita dos errores extremos. El primero consiste en rechazar la ley extranjera solo porque resulta desconocida o diferente. El segundo consiste en aplicarla automáticamente sin analizar si el resultado es jurídicamente admisible en el Perú. La interpretación correcta se ubica en un punto intermedio: respeto al sistema extranjero y control razonable desde el foro peruano.

2. Base normativa peruana: Libro X del Código Civil

El Libro X del Código Civil peruano, aprobado por Decreto Legislativo N.° 295 (1984), regula las normas de Derecho Internacional Privado. Esta parte del Código no resuelve directamente todos los conflictos materiales, sino que establece reglas para identificar qué derecho debe aplicarse cuando una relación jurídica tiene conexión con más de un ordenamiento.

En materia de interpretación del derecho extranjero, los artículos más relevantes son los artículos 2047, 2049, 2051, 2052, 2053, 2055 y 2056. En conjunto, estos preceptos construyen una metodología: primero se atiende a los tratados internacionales; luego se aplican las normas del Libro X; de manera supletoria, se recurre a la doctrina del Derecho Internacional Privado; y, cuando resulte competente un ordenamiento extranjero, este debe aplicarse e interpretarse como derecho, no como una simple referencia documental.

Esta estructura normativa demuestra que el Derecho Internacional Privado no es una materia decorativa ni meramente teórica. Cumple una función concreta: permite resolver relaciones privadas internacionales con seguridad jurídica. El abogado que domina estas reglas puede formular demandas, contestaciones, recursos, observaciones registrales, contratos y estrategias probatorias con mayor precisión.

También es importante advertir que el artículo 2047 del Código Civil no reduce el análisis a la ley escrita. Al permitir recurrir a principios y criterios doctrinales del Derecho Internacional Privado, habilita una argumentación jurídica más sofisticada, especialmente en asuntos donde la norma de conflicto no resuelve todos los detalles o cuando existe tensión entre derecho extranjero y derechos fundamentales reconocidos en el Perú.

3. Derecho extranjero como hecho o como derecho

Una discusión clásica del Derecho Internacional Privado consiste en determinar si el derecho extranjero debe tratarse como hecho o como derecho. La diferencia no es puramente académica, porque impacta en la carga de acreditación, en el rol del juez y en la forma de argumentar dentro del proceso.

La teoría del derecho extranjero como hecho sostiene que la ley extranjera debe ser probada por quien la invoca. Bajo esta visión, el juez no estaría obligado a conocer todos los ordenamientos del mundo y, por tanto, las partes tendrían la carga principal de acreditar la existencia, vigencia y contenido de la norma extranjera. Esta posición tiene una ventaja práctica: reconoce las limitaciones reales del juez nacional frente a ordenamientos ajenos. Sin embargo, puede generar un problema: si ninguna parte prueba adecuadamente la ley extranjera, el caso podría resolverse aplicando derecho interno aunque la norma de conflicto condujera a otro sistema.

La teoría del derecho extranjero como derecho, en cambio, afirma que la norma extranjera no pierde su naturaleza jurídica por pertenecer a otro Estado. Sigue siendo derecho, aunque sea derecho ajeno al juez del foro. En el Perú, esta segunda posición resulta más coherente con el artículo 2051 del Código Civil, que establece la aplicación de oficio del ordenamiento extranjero competente, y con el artículo 2055, que ordena interpretarlo conforme al sistema al que pertenece.

Ahora bien, afirmar que el derecho extranjero es derecho no elimina la necesidad de probar su contenido. La prueba se justifica no porque la ley extranjera sea un hecho, sino porque el juez peruano puede desconocer el texto, vigencia, interpretación y alcance de un ordenamiento que no forma parte de su experiencia jurídica ordinaria. Por eso, en la práctica peruana se produce una solución equilibrada: el juez debe aplicar de oficio el derecho extranjero cuando corresponda, pero las partes pueden y deben colaborar activamente aportando información confiable.

En términos estratégicos, el abogado no debe esperar que el juez reconstruya solo el derecho extranjero. Si la ley extranjera favorece la tesis de una parte, conviene presentarla de manera clara, traducida, acreditada y explicada con respaldo técnico.

La doctrina peruana sobre Derecho Internacional Privado ha destacado que las normas de conflicto no solucionan directamente el fondo del litigio, sino que remiten al ordenamiento que debe proporcionar la respuesta material. Esta precisión es clave: una norma de conflicto puede indicar que se aplica la ley argentina, chilena, española, suiza o alemana; pero luego será indispensable comprender esa ley dentro de su propio sistema.

4. Prueba e información del derecho extranjero

La prueba del derecho extranjero busca acreditar cuatro aspectos: existencia, vigencia, sentido y alcance. La existencia responde a la pregunta de si la norma forma parte del ordenamiento extranjero. La vigencia permite saber si continúa aplicándose al momento relevante del caso. El sentido se refiere a la interpretación que recibe dentro de su propio sistema. El alcance determina qué supuestos comprende y qué límites posee.

La Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, adoptada en Montevideo el 8 de mayo de 1979 durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, regula mecanismos de cooperación internacional para obtener elementos de prueba e información sobre el derecho de los Estados parte. Su importancia es práctica: permite que los operadores jurídicos no dependan únicamente de búsquedas informales o traducciones aisladas.

Entre los medios idóneos se encuentran las copias certificadas de textos legales, precedentes judiciales extranjeros, dictámenes de abogados o expertos en la materia, e informes oficiales del Estado requerido. Estos medios no cumplen la misma función. Una copia certificada puede acreditar texto y vigencia; un dictamen experto puede explicar el sentido; un precedente extranjero puede mostrar cómo se aplica la norma en la práctica; y un informe oficial puede otorgar mayor seguridad institucional.

La Resolución N.° 1108-2018-SUNARP-TR-L, emitida por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos el 15 de mayo de 2018, resulta especialmente útil para fines didácticos. En esa decisión administrativa registral se analizó la inscripción de un testamento formalizado en Suiza y se precisó que, cuando la ley extranjera no puede ser aplicada de oficio por encontrarse en idioma distinto al español o no estar suficientemente acreditada, corresponde aportar medios que permitan verificar su existencia, vigencia y sentido.

Este criterio es valioso porque muestra que la apostilla, aunque importante para la autenticidad formal del documento, no reemplaza la prueba del contenido del derecho extranjero. Apostillar un documento no equivale a demostrar que el acto cumple todos los requisitos sustantivos o formales exigidos por la legislación extranjera aplicable. Por tanto, en materia registral, sucesoria, contractual o familiar, la preparación probatoria debe ser más completa.

5. Interpretar no es traducir: alcance del artículo 2055 del Código Civil

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que la interpretación del derecho extranjero se agota con la traducción. La traducción es necesaria cuando la norma se encuentra en otro idioma, pero no garantiza comprensión jurídica. Una palabra puede tener equivalencia lingüística y, al mismo tiempo, no tener equivalencia institucional.

Pensemos en conceptos como domicilio, residencia habitual, capacidad, régimen patrimonial, legítima hereditaria, trust, probate, community property, common law, orden público, responsabilidad parental o sucesión testamentaria. Algunos tienen equivalentes aproximados en el derecho peruano; otros no. Si el abogado los fuerza dentro de categorías nacionales sin estudiar su función original, puede deformar la norma extranjera.

El artículo 2055 del Código Civil peruano corrige ese riesgo al exigir que las disposiciones del derecho extranjero se interpreten de acuerdo con el sistema al que pertenecen. Esta regla obliga a estudiar la norma extranjera dentro de su contexto. No se debe interpretar una figura del common law con categorías exclusivamente civilistas, ni una regla sucesoria europea como si respondiera necesariamente a los mismos presupuestos del Código Civil peruano.

La interpretación sistémica exige revisar al menos cinco dimensiones. Primero, la fuente normativa: ley, reglamento, costumbre, precedente, doctrina o combinación de fuentes. Segundo, la jerarquía: no toda norma extranjera tiene el mismo rango ni la misma fuerza. Tercero, la práctica judicial o administrativa: puede existir una diferencia importante entre texto y aplicación. Cuarto, la doctrina especializada: permite comprender la finalidad de la institución. Quinto, la compatibilidad con el foro peruano: incluso una ley extranjera válida en su país puede producir efectos inadmisibles en el Perú si vulnera principios esenciales.

Esta exigencia tiene una consecuencia metodológica: el abogado debe argumentar en dos niveles. En el primer nivel, debe demostrar que la norma de conflicto peruana conduce al derecho extranjero. En el segundo nivel, debe demostrar qué significa ese derecho extranjero y cómo resuelve el caso. Si omite el segundo nivel, la estrategia queda incompleta.

6. Orden público internacional y buenas costumbres

La aplicación del derecho extranjero no es absoluta. El artículo 2049 del Código Civil peruano establece que las disposiciones de la ley extranjera serán excluidas cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. En tal supuesto, se aplica el derecho interno peruano.

Esta excepción no debe confundirse con una preferencia general por la ley peruana. Que una norma extranjera sea diferente no significa que sea contraria al orden público internacional. La diferencia normativa es precisamente la razón de ser del Derecho Internacional Privado. El control de orden público opera solo cuando la aplicación concreta de la norma extranjera produce un resultado gravemente incompatible con principios fundamentales del foro.

Algunos ejemplos permiten entender la idea. Podría rechazarse la aplicación de una norma extranjera que excluya a una hija de la herencia únicamente por razón de género, que desconozca absolutamente el derecho de defensa, que afecte gravemente el interés superior del niño, que admita una discriminación incompatible con la dignidad humana o que suprima derechos fundamentales de modo manifiestamente contrario al ordenamiento peruano.

El análisis debe ser concreto. No se evalúa la ley extranjera en abstracto, sino el efecto que produciría en el caso. Una institución extranjera puede ser extraña para el derecho peruano y, aun así, ser aplicable si no afecta principios esenciales. Por el contrario, una regla aparentemente válida en otro país puede ser excluida si su aplicación concreta conduce a un resultado intolerable desde la perspectiva constitucional y civil peruana.

Las buenas costumbres cumplen una función complementaria, aunque deben usarse con prudencia. No se trata de imponer criterios morales subjetivos, sino de identificar estándares jurídicos mínimos de convivencia reconocidos por el ordenamiento. En Derecho Internacional Privado, la argumentación debe evitar fórmulas vagas. Es preferible explicar qué principio se afecta, por qué la afectación es grave y por qué no existe una solución menos restrictiva que permita armonizar la ley extranjera con el foro peruano.

7. Mini-caso didáctico: testamento otorgado en Suiza e inscripción en Perú

Hechos

Una ciudadana peruana fallece en Suiza, país donde tenía su último domicilio. Antes de morir, otorgó una disposición de última voluntad ante autoridad competente suiza. Sus herederos solicitan la inscripción del testamento en el Registro de Testamentos de Lima, porque existen bienes ubicados en Perú y desean iniciar los actos posteriores de administración y transferencia patrimonial.

Problema jurídico

El problema consiste en determinar si basta con presentar el documento extranjero apostillado y traducido o si, además, debe acreditarse la ley suiza aplicable a la forma, validez y sentido del acto testamentario. También debe precisarse si la sucesión se rige por la ley peruana por existir bienes en Perú o por la ley del último domicilio de la causante.

Norma aplicable

El artículo 2094 del Código Civil regula la forma de los actos jurídicos y permite considerar la ley del lugar de otorgamiento. El artículo 2100 del Código Civil establece que la sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la ley del último domicilio del causante. Además, los artículos 2051, 2052, 2053 y 2055 del Código Civil orientan la aplicación, prueba e interpretación del derecho extranjero.

Estrategia

La estrategia jurídica adecuada consiste en presentar el documento extranjero con las formalidades de autenticidad correspondientes, pero también acompañar elementos que acrediten el derecho suizo aplicable. En concreto, conviene adjuntar el texto normativo pertinente, su traducción, una certificación o informe de abogado habilitado en Suiza, y una explicación clara de cómo dicha legislación valida la forma del testamento. Si existe práctica judicial o notarial relevante, debe incorporarse como apoyo interpretativo.

Resultado esperado

Si se acredita adecuadamente la existencia, vigencia, sentido y alcance de la ley suiza, el registrador o el órgano competente tendrá mejores elementos para evaluar la procedencia de la inscripción. El resultado esperado es evitar una observación por insuficiente prueba del derecho extranjero y sostener que el acto debe ser valorado conforme al sistema jurídico suizo, sin perjuicio del control de orden público internacional peruano.

8. Ruta práctica de análisis para resolver casos internacionales

Para enseñar y aplicar la interpretación del derecho extranjero, conviene usar una ruta ordenada. Esta metodología permite evitar confusiones entre competencia, ley aplicable, prueba del derecho extranjero y control de orden público.

El primer paso consiste en identificar el elemento internacional relevante. No todo caso con una persona extranjera es necesariamente un caso de Derecho Internacional Privado. Debe existir una conexión jurídicamente significativa: domicilio en otro país, nacionalidad relevante según la norma de conflicto, bien ubicado en el extranjero, contrato celebrado o ejecutado fuera del Perú, matrimonio celebrado en otro Estado, acto jurídico otorgado ante autoridad extranjera o sucesión con último domicilio fuera del país.

El segundo paso es verificar si existe tratado internacional aplicable. El artículo 2047 del Código Civil prioriza los tratados ratificados por el Perú. En materia interamericana, pueden ser relevantes instrumentos adoptados en el marco de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, según la materia del caso.

El tercer paso consiste en determinar la competencia. Antes de discutir el fondo, debe verificarse si el juez peruano, árbitro, registrador u órgano administrativo puede conocer el asunto. En la práctica, algunos errores nacen de analizar extensamente la ley aplicable sin haber comprobado si el órgano peruano tiene competencia.

El cuarto paso es calificar la relación jurídica. La calificación permite ubicar el caso dentro de una categoría: familia, sucesiones, contratos, bienes, forma del acto, responsabilidad civil, personas jurídicas, capacidad o estado civil. La calificación es decisiva porque cada categoría puede tener una norma de conflicto distinta.

El quinto paso consiste en determinar la ley aplicable. Si la norma de conflicto conduce al derecho peruano, se aplica derecho interno. Si conduce a un ordenamiento extranjero, se abre la etapa de prueba e interpretación del derecho extranjero.

El sexto paso es interpretar y controlar. La ley extranjera debe interpretarse conforme al sistema al que pertenece, pero su aplicación puede ser excluida si produce un resultado incompatible con el orden público internacional o las buenas costumbres, conforme al artículo 2049 del Código Civil.

9. Errores frecuentes y buenas prácticas

La aplicación del derecho extranjero suele fallar por errores de método. Muchos escritos jurídicos invocan normas extranjeras sin explicar por qué son aplicables. Otros adjuntan traducciones sin acreditar vigencia. Algunos confunden la autenticidad del documento extranjero con la validez jurídica del acto. Y, en ciertos casos, se invoca el orden público de manera excesiva para evitar aplicar una ley extranjera que simplemente resulta distinta.

La solución consiste en convertir la argumentación en una cadena verificable: norma de conflicto, derecho aplicable, prueba del derecho extranjero, interpretación sistémica y control de orden público. Esa cadena permite construir una tesis sólida tanto en litigios como en trámites registrales o arbitrajes.

Conclusiones y checklist final

La interpretación del derecho extranjero en el Derecho Internacional Privado peruano exige una labor técnica y cuidadosa. El juez, árbitro, registrador o abogado no debe limitarse a leer una norma traducida, sino reconstruir su verdadero sentido dentro del sistema jurídico al que pertenece.

El Código Civil peruano adopta una posición favorable a la aplicación del derecho extranjero como derecho, especialmente mediante los artículos 2051 y 2055. Sin embargo, también reconoce mecanismos de prueba, cooperación internacional y control mediante el orden público internacional y las buenas costumbres.

Desde una perspectiva práctica, la correcta aplicación del derecho extranjero exige tres habilidades: identificar la norma de conflicto, acreditar adecuadamente el contenido del derecho extranjero e interpretarlo con respeto a su sistema de origen. Solo así el Derecho Internacional Privado cumple su finalidad: resolver relaciones privadas internacionales con justicia, coherencia y seguridad jurídica.

Referencias

Código Civil [CC], Decreto Legislativo N.° 295, 14 de noviembre de 1984 (Perú).

Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, 8 de mayo de 1979, Organización de los Estados Americanos. Texto oficial de la OEA.

Convención sobre Derecho Internacional Privado [Código de Bustamante], 20 de febrero de 1928, Organización de los Estados Americanos. Ficha oficial de la OEA.

Delgado Barreto, C., Delgado Menéndez, M. A., & Candela Sánchez, C. L. (2004). Introducción al derecho internacional privado. Volumen I. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Delgado Barreto, C., & Delgado Menéndez, M. A. (2017). Derecho internacional privado. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Repositorio PUCP.

Delgado Menéndez, M. A., & Delgado Menéndez, M. C. (2024). La importancia del Derecho Internacional Privado en el mundo moderno. THEMIS Revista de Derecho, 85, 493-522. Revista THEMIS.

Resolución N.° 1108-2018-SUNARP-TR-L, Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 15 de mayo de 2018.