El aula de Derecho estaba sumida en un silencio tenso. Los estudiantes intuían que esa clase sería distinta. Sessarego Anderson, profesor experimentado, había preparado un tema que tocaba nervios reales: las pensiones. En lugar de abrir con conceptos, proyectó un video sobre Víctor Meza, un hombre que, después de décadas de trabajo, recibía apenas quinientos soles mensuales. La cámara seguía sus manos temblorosas mientras contaba monedas y elegía entre comida y medicinas.

La pantalla no mostraba teorías, sino la derrota cotidiana. Los estudiantes observaban, conmocionados. Sofía, siempre empática, fue la primera en romper el silencio. “Esto es inhumano, profesor. ¿Cómo puede alguien que ha trabajado toda su vida acabar así?”, preguntó con rabia y tristeza en la misma frase.

Sessarego asintió con una mirada de comprensión. “Desafortunadamente, esta es una realidad común para muchos pensionistas en nuestro país. Y lo peor no es solo el monto”, explicó. “También están la lentitud burocrática y los errores de cálculo. Miles mueren antes de ver lo que por derecho les corresponde”. Nadie se movió. Era difícil tragar saliva con esa imagen todavía en la cabeza.

Cristian, buscando la raíz del problema, intervino: “Pero si se sabe que estos casos son tan urgentes, ¿por qué no hay mecanismos más rápidos para resolverlos?”. El profesor suspiró, como si esa pregunta lo persiguiera desde hace años. “Existen mecanismos. Por ejemplo, el llamado ‘proceso urgente’, que prioriza casos previsionales. Sin embargo, el sistema judicial está saturado, y la falta de personal especializado y recursos hace que hasta estos procesos se retrasen”.

Armich, visiblemente molesto, no pudo evitarlo. “Entonces, ¿qué esperanza les queda? Si ni siquiera el proceso urgente funciona como debería, ¿cómo se puede confiar en el sistema?”. Sessarego respiró antes de responder, midiendo las palabras. “La esperanza es impulsar reformas desde dentro. Uno de los mayores problemas es la falta de un fondo de emergencia que cubra estos casos. Si existiera, los trabajadores no dependerían de la solvencia de sus empleadores para acceder a sus derechos”.

“En previsional, el enemigo no es solo el expediente: es el tiempo.”

El caso de Doña María Sánchez

Para que entendieran la dimensión humana, Sessarego narró el caso de Doña María Sánchez. María había dedicado más de treinta años a una fábrica textil. Cuando pensó que llegaba el descanso, creyó que su futuro estaba asegurado. Durante años dejó en manos del empleador la responsabilidad de sus aportes previsionales, sin imaginar que esa confianza se rompería sin aviso.

Al solicitar su pensión, se topó con una verdad devastadora: los últimos cinco años de aportes no figuraban. El empleador había omitido esos pagos esenciales. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un error menor; era una ausencia que le cambiaba la vida. Desconcertada, reclamó lo que era suyo por derecho y comenzó una ruta que no se parecía a ninguna jubilación.

Buscando respuestas, se enteró de que la empresa había cerrado, desapareciendo sin dejar rastro. Todo lo que había construido se desvanecía en un vacío legal y burocrático. Doña María quedó desprotegida, con la carga de una traición silenciosa. No había música de retiro, solo trámites y puertas cerradas.

“Pero profesor, ¿no existen leyes que protejan a los trabajadores en estos casos?”, preguntó Sofía con incredulidad. Sessarego asintió, aunque su mirada reflejaba resignación. “Sí, pero el problema está en la fiscalización. Si la empresa cierra o se declara en bancarrota, es difícil recuperar esos aportes”. Hizo una pausa breve. “María, después de años de litigio, obtuvo una pensión mínima. Murió antes de poder disfrutarla plenamente”.

El salón quedó helado. Armich apretó la mandíbula. “Es una burla. ¿Cómo puede el sistema fallar así a quienes más lo necesitan?”. Sessarego sostuvo la mirada con el rostro endurecido. “Esa es la pregunta que debemos hacernos como futuros abogados. No basta con aplicar la ley; tenemos que luchar por reformas que humanicen el sistema”.

Don Pablo Ríos y la justicia tardía

La clase continuó en el mismo tono cuando el profesor narró el siguiente caso. Don Pablo Ríos había dedicado cuarenta años a la enseñanza. Veía en cada estudiante una oportunidad para cambiar el futuro. Por eso, nunca se preocupó demasiado por su retiro: confiaba en la promesa de una jubilación digna. Cuando llegó el momento, esa promesa le respondió con frialdad.

La pensión asignada era muy inferior a lo que le correspondía. Confundido y sintiéndose traicionado por el sistema, inició un proceso de recálculo. Creyó que sería una corrección rápida. En cambio, se convirtió en un calvario judicial de siete años. Con el tiempo, Don Pablo envejecía, enfermo, sin recursos para sostenerse con dignidad. La vida que había invertido en educar parecía disolverse en el olvido.

Las audiencias se posponían, los trámites se acumulaban, la resolución no llegaba. Don Pablo falleció sin ver la justicia que esperaba. Cuando finalmente se recalculó la pensión, fue su familia quien recibió el monto correcto. Pero para él, la justicia llegó tarde, como una carta enviada a una casa vacía.

Cristian, frunciendo el ceño, preguntó: “Entonces, ¿su familia pudo continuar el proceso?”. “Sí”, respondió Sessarego, “pero ese dinero ya no pudo mejorar la calidad de vida de Don Pablo. El sistema falló y le negó una vejez digna”. El silencio volvió. No era un caso aislado; era un patrón.

“Hay sentencias que se ganan, pero llegan cuando ya no sirven para vivir.”

Viudez, pensiones congeladas y Doña Elvira

Sessarego anunció un último tema, con voz más grave. “El problema de las viudas pensionistas es otro asunto serio. Al morir sus esposos, la pensión suele ser drásticamente menor. Y el sistema no se ha actualizado para reflejar cambios económicos”. Hizo un gesto leve con la mano, como si apartara una nube. “Muchas se ven obligadas a vender sus pertenencias o depender de la caridad para sobrevivir”.

Se detuvo un instante antes de mencionar a Doña Elvira. La había defendido en un caso que todavía le pesaba. Doña Elvira había dedicado su vida al hogar y a cuidar de su esposo, empleado público que falleció tras treinta y cinco años de servicio. Ella confió en que la pensión la mantendría a salvo, pero descubrió que lo que le correspondía era una fracción ínfima. El sistema de pensiones no se había actualizado en décadas; su pensión quedó congelada, mientras el costo de vida subía sin pedir permiso.

“Doña Elvira no podía sobrevivir con ese dinero”, dijo Sessarego. “Lo que más me impresionó fue cuando la visité en su casa”. Los estudiantes se inclinaron, atentos. “Había vendido casi todos sus bienes: electrodomésticos, muebles. El único objeto que le quedaba era una foto enmarcada de su esposo. ‘Con lo que tengo ahora, no puedo ni comprar el medicamento para mi presión’, me dijo”. El profesor apretó los labios. “Ahí sentí impotencia. La justicia no solo era lenta; era ciega al dolor”.

“Luchamos en tribunales, pero el proceso se prolongó”, continuó. “Doña Elvira falleció sin recibir ni un sol de lo que legítimamente le correspondía por los años de servicio de su esposo”. Miró al aula como si buscara que no se olvidara ese rostro. “El sistema le falló a ella y a miles. Terminan dependiendo de la caridad o vendiendo lo poco que tienen para sobrevivir”.

Sofía se limpió las lágrimas con la manga y preguntó con la voz quebrada: “¿Y cómo podemos cambiar eso, profesor?”. Sessarego la miró con una mezcla de cansancio y determinación. No respondió con una fórmula, sino con una advertencia y un mandato.

“Todos los casos que hemos visto hoy comparten una trágica realidad: las personas fallecieron antes de recibir la justicia que buscaban”, dijo. “Eso es lo que vuelve estos casos previsionales tan delicados: estamos corriendo contra el tiempo. Las pensiones no son solo un derecho; son supervivencia en la etapa más vulnerable de la vida”.

“Para muchos adultos mayores, una demora de meses o años puede ser devastadora. El sistema les falla cuando más lo necesitan, y para ellos la espera es una sentencia”, continuó. “Como futuros abogados, su responsabilidad no es solo litigar, sino luchar por un cambio real. No basta con ganar en tribunales; debemos impulsar reformas para que las personas no mueran esperando justicia. El derecho debe adaptarse a las realidades humanas, y ustedes serán parte de ese cambio”.

Preguntas para estudiantes

1. ¿Cómo puede el “proceso urgente” ser más eficiente para los pensionistas y garantizar que reciban sus derechos en vida?
2. ¿Qué mecanismos de fiscalización podrían implementarse para garantizar que los empleadores hagan sus aportes correctamente?
3. ¿Qué reformas judiciales se necesitarían para agilizar los casos relacionados con pensiones y derechos previsionales?
4. ¿Cómo puede un abogado garantizar que el derecho constitucional a la pensión se respete en la práctica?
5. ¿Es viable la creación de un fondo de emergencia para cubrir pensiones en casos de incumplimiento empresarial?